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Lunes 25 de Agosto de 2014

RENATEA DETECTÓ TRABAJO AGRARIO NO REGISTRADO EN CORRIENTES

El operativo fue llevado a cabo el 20 de agosto en un predio de 51 hectáreas que contaba con 1.600 invernáculos dedicados a la explotación frutihortícola.


Fueron relevados 108 trabajadores agrarios, de los cuales el 75% no se encontraba registrado en RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios). Además fueron hallados 15 menores de edad desempeñando tareas de cosecha, cinco personas de nacionalidad extranjera y una argentina indocumentada.

Ante la presunción de trata laboral y/o reducción a la servidumbre y trabajo infantil, fueron presentadas las correspondientes denuncias.

“Continuaremos generando las articulaciones necesarias con todos los organismos públicos para garantizar la registración de todos los trabajadores agrarios del país y evitar definitivamente la vulneración de sus derechos”, señaló el Ing. Guillermo Martini, Director General de RENATEA.

La inspección es producto de una investigación que comenzó en junio y que se realizó en conjunto con la Policía Federal Argentina.

Familias enteras vivían y trabajaban en la finca ubicada en la zona rural de la localidad de Santa Lucia, en el paraje de La Loma.

El lugar en el que se alojaban los trabajadores carecía de las más mínimas condiciones de salubridad, constituyendo un incumplimiento flagrante de la ley 26.727 que regula las condiciones de trabajo agrario en nuestro país. Los baños usados por los trabajadores eran letrinas, las cocinas se habían construido precariamente con barriles, alambres y maderas. No había acceso a agua potable ni refrigeración para los alimentos, y los cajones de verdura eran utilizados como camas.

También fue hallada una gran cantidad de garrafas de bromuro de metilo, sustancia prohibida por la legislación provincial, y otros agrotóxicos que eran manipulados sin los correspondientes elementos de protección.

De la inspección participaron junto a RENATEA y la Policía Federal, el Ministerio de Trabajo de la Nación, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones, la Oficina de Acompañamiento y Prevención de las víctimas del Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
 

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